El riesgo hídrico

Karen Poniachik

Justo hace un año, en mi primera columna mensual para Diario Financiero, advertía que el acceso al agua se perfilaba como uno de los principales desafíos globales considerando la creciente demanda -e igualmente progresiva escasez- asociada a los recursos hídricos. Ahí señalaba que los problemas relativos a la disponibilidad, calidad y precio del agua constituían uno de los principales retos de política pública a nivel mundial y enfatizaba los riesgos que esta situación generaba para el sector económico-empresarial.

Las graves sequías que han afectado desde entonces a varios países -Rusia, Siria, China Oriental, Irak, Somalia, Kenia, Uruguay, Argentina, Bolivia y Chile- han vuelto a poner de relevancia el drama social, económico y político vinculado a la falta de agua. En el mapa de riesgos que publicó el World Economic Forum (WEF) con ocasión del encuentro en Davos, la inseguridad hídrica aparece como una de las tres amenazas más severas para la estabilidad global junto con los desequilibrios económicos (asociados a la volatilidad cambiaria, crisis fiscal y colapso del precio de los activos) y la proliferación de la economía ilegal (por contrabando, corrupción y crimen organizado). Entre sus impactos directos, el WEF menciona los riegos para la vida y salud de las personas, el desplome en la producción agrícola con el consiguiente aumento en precios de los alimentos, conflictos sociales y políticos, cambios en los patrones migratorios, restricciones energéticas, estancamiento económico y degradación ambiental. En el ámbito corporativo, las interrupciones en el suministro impactan directamente las operaciones en las que el agua es esencial para producir, regar, procesar y enfriar. Empresas que utilizan insumos intensivos en agua, así como las que ofrecen productos y servicios en base a ella, son especialmente vulnerables. En un contexto de escasez, la eventual imposición de cuotas y estándares de calidad más estrictos se traducirá en un mayor costo mientras que las potenciales tensiones que surjan entre empresas y comunidades pueden dañar seriamente la imagen corporativa de las primeras.

En este escenario, vale seguir abogando para que el acceso al agua sea incluido como una variable clave en cualquier modelo de negocios considerando que todas las empresas, en mayor o menor medida, dependen de ella a lo largo de su cadena de valor. Lamentablemente, son pocas las compañías que han incorporado la problemática hídrica en su matriz de riesgo y menos aún las que cuentan con planes de contingencia para hacer frente a una menor disponibilidad, regulaciones restrictivas, mayores costos asociados al recurso y un creciente escrutinio público en torno a sus prácticas en este ámbito.

Los sectores minero, energético, tecnológico, turístico y alimenticio son especialmente frágiles tanto a nivel de sus operaciones como de su cadena de proveedores. Por lo mismo, es indispensable que implementen estrategias para predecir y contener los riesgos tal como ya lo han hecho Coca Cola, Anheuser Busch y Nestlé, entre otras multinacionales. Tal como comenté en una columna reciente, Starbucks y Walmart han tomado resguardos para proteger las plantaciones agrícolas que integran su cadena global de suministro mientras que Levi Strauss, consciente del impacto que las sequías pueden tener sobre el cultivo del algodón que usa como insumo, está elaborando un mapa de riesgo hídrico para asegurar su provisión.

Durante las últimas semanas la prensa local se ha informado profusamente acerca de los estragos sociales y económicos que están provocando las sequías que afectan a diversas comunas de Coquimbo, Valparaíso, OHiggins, Maule y Biobío. La emergencia está poniendo en jaque la disponibilidad de agua potable y la actividad agrícola en varias localidades mientras que la dramática situación del Lago Rapel tiene en vilo a cientos de personas que trabajan en el turismo local. Mientras esperamos que el gobierno presente una propuesta para fortalecer la institucionalidad en materia de aguas con el objetivo de de asegurar su uso racional y sustentable, como prometió el presidente en su discurso del 21 de mayo pasado, es fundamental que el sector privado asume un liderazgo en esta materia. Esto, a través de la elaboración de planes de contingencia para enfrentar la escasez y la incorporación de infraestructura, mejoras logísticas, reciclaje, tecnologías y planes de eficiencia para reducir su consumo.